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La deriva judicial que está tomando nuestro sistema político es
alarmante. La acción legislativa está apresada en los pasillos del
Tribunal Constitucional. El Partido Popular es un usuario abonado. Lo
que no son capaces de obtener mediante el juego político esperan
lograrlo a través de un veredicto de inconstitucionalidad.
El magno tribunal debe garantizar el uso correcto de nuestro ordenamiento durante la cirugía política, pero resulta difícil de comprender que trece magistrados marcadamente politizados, sean la última instancia soberana en multitud de proyectos de ley. El principal partido de la oposición recurre por instinto y muestra un exiguo sentido democrático, al recurrir continuamente las mayorías que emanaron de las elecciones. El rastro oligarca que deja ese modo de ver la política asusta. El fraude que supone proponer que sea rebanado el texto estatutario que aceptamos a regañadientes el 85% de los votantes en Catalunya es un insulto a la soberanía de un pueblo y una estratagema desesperada y cobarde, que a quien daña realmente es a la propia institución jurídica.
El deporte del partido conservador consistente en recurrir ante el Constitucional es un clásico matinal. En ocasiones su práctica representa fielmente una manera de entender la vida y de rechazar los avances en materia de derechos que ha ido alcanzando nuestra sociedad durante los últimos lustros. Catalunya, aunque no en exclusiva, se ha convertido en la diana predilecta para esos recursos de alto nivel. El PP llevó al Constitucional la ley de apoyo a las selecciones deportivas catalanas, recurrió la ley catalana de asociaciones de 1997, la ley de creación del colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña de 1995, la ley del impuesto de grandes superficies comerciales del año 2000, la ley catalana de archivos y documentos de 2001, la ley de protección contra la contaminación acústica de 2002, la ley de universidades de 2003 y la ley de mutualidades de previsión social de 2003 entre otras.
La facilidad para humillar del Pp se solidifica en tres recursos más: primero, recurriendo la Ley de matrimonios homosexuales, con la denigrante intención de reducir los derechos sociales de un colectivo históricamente pisoteado, segundo, con el desprecio a la voluntad soberana de los catalanes, escenificando la humillación colectiva que sufriremos con el recorte final de nuestra constitución particular, y tercero, en un último alarde de esquizofrenia política, el partido copresidido por Aznar, Fraga y Rajoy, recurre de madrugada la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres. Hay que saber perder.
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